CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


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1 CORTES GENERALES Congreso 22 de febrero de Núm. 473 DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 2010 IX Legislatura Núm. 473 NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA Sesión núm. 26 celebrada el lunes 22 de febrero de 2010 ORDEN DEL DÍA: Página Comparecencia del señor ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves), con el objeto de informar sobre las propuestas aprobadas por el Consejo de Ministros, en su reunión de 29 de enero, sobre la reforma del sistema de pensiones. Por acuerdo de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. (Número de expediente 213/ )

2 Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde. El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a empezar la sesión de la Comisión del Pacto de Toledo. Punto único del orden del día, comparecencia del señor ministro de Trabajo e Inmigración con el objeto de informar sobre las propuestas aprobadas por el Consejo de Ministros en su reunión del 29 de enero sobre la reforma del sistema de pensiones. Esta comparecencia se hace a instancia de la propia Comisión. Señor ministro de Trabajo, encantado de verle, encantado de recibirle, bienvenido. Tiene la palabra. El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRA- CIÓN (Corbacho Chaves): Señoras y señores diputados, tal como explicaba el presidente, mi comparecencia es a petición de la Comisión con motivo de hacer la presentación del documento sobre la revisión del Pacto de Toledo que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de enero. Antes de entrar en su contenido permítanme resaltar el origen de este documento. Como bien conocen SS.SS., el texto del Pacto de Toledo renovado en 2003 establecía que transcurridos al menos cinco años debía procederse a hacer una revisión general del grado de cumplimiento de las recomendaciones allí contenidas. En atención a este mandato el Gobierno elaboró el denominado informe de seguimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo. En noviembre de 2008 el secretario de Estado de Seguridad Social presentó ante esta Comisión el citado informe, acompañado de las proyecciones y la estrategia nacional en materia de pensiones que el Gobierno de España remite cada tres años a la Comisión Europea. Con ello se iniciaban los trabajos que desde entonces han desarrollado SS.SS. en la Comisión del Pacto de Toledo con el fin último de elaborar unas recomendaciones que sirvan de guía para reforzar la viabilidad futura del sistema de Seguridad Social. Yo mismo comparecí el 11 de mayo de 2009 para impulsar los trabajos de la Comisión, subrayando la buena salud del sistema y al tiempo la necesidad de consensuar reformas que garantizaran su sostenibilidad en las próximas décadas. A lo largo de este periodo han pasado por esta Comisión agentes sociales y económicos, representantes institucionales y expertos conocedores de nuestro sistema de Seguridad Social. Paralelamente, los grupos parlamentarios de ambas Cámaras han instado la actuación del Gobierno a través de diversas resoluciones. Así, el Pleno del Senado aprobó una moción el 29 de abril de 2009 en la que instaba al Gobierno a presentar ante la Comisión del Pacto de Toledo las líneas del proceso de reforma del sistema de pensiones que resultara necesario para asegurar un futuro sostenible y justo que impulsara la mejora de la calidad de vida de nuestros pensionistas. En idéntica línea el Congreso instaba al Gobierno, en la resolución número 1 del debate sobre el estado de la Nación de 19 de mayo del pasado año, a acelerar el diagnóstico sobre el sistema de pensiones. En su comparecencia para informar sobre la estrategia para el crecimiento económico sostenible, celebrada el 2 de diciembre de 2009, el presidente anunció que el Gobierno aprobaría una propuesta de medidas de reforma del sistema de Seguridad Social y de pensiones para su remisión a la Comisión del Pacto de Toledo. Es el documento que SS.SS. conocen, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado día 29 de enero y que tuvo entrada en el registro del Congreso el día 2 de febrero. Señorías, entender el sentido y el contenido de este documento sobre la revisión del Pacto de Toledo exige tres consideraciones previas fundamentales: la primera sobre el valor intrínseco del Pacto de Toledo; la segunda sobre la situación actual de la Seguridad Social y la tercera sobre los desafíos futuros del sistema. Como he tenido ocasión de expresar en múltiples ocasiones, el Gobierno considera que el Pacto de Toledo es un activo fundamental del sistema público de protección social de nuestro país. Se trata de un instrumento que desde 1995 favorece que los grupos parlamentarios, los interlocutores sociales y, por extensión, la opinión pública hagan un seguimiento periódico de la situación de la Seguridad Social y que lo hagan en un clima de entendimiento y de compromiso con los actuales pensionistas y las futuras generaciones. En este sentido, el Pacto de Toledo es el marco adecuado para promover las reformas que necesita nuestro sistema público de pensiones para reforzar su sostenibilidad; unas reformas ambiciosas pero de aplicación moderada y no traumática que contribuyan además a mejorar la equidad y el funcionamiento del sistema. En definitiva, los quince años transcurridos desde la firma del Pacto de Toledo en 1995 han servido para consolidar la validez y la efectividad de este instrumento como garantía de nuestro sistema público de Seguridad Social. También es obligado con carácter previo hacer una breve referencia a la actual situación financiera de la Seguridad Social. Como señalé hace menos de un mes en mi última comparecencia ante la Comisión de Trabajo e Inmigración de esta Cámara, la Seguridad Social sigue gozando de buena salud a pesar de la dureza de la crisis económica internacional. La mejor prueba de ello es que pese a la fuerte caída de la afiliación, el ejercicio presupuestario de 2009 se ha cerrado un año más con un superávit de más de millones de euros. Como SS.SS. ya conocen, el sistema dispone actualmente de un fondo de reserva de más de millones de euros, a los que se sumarán millones más en las próximas semanas. Permítanme hacer al respecto tres reflexiones, la primera para decir que estos resultados son el reflejo del éxito de las políticas que en materia de Seguridad Social se han impulsado en los últimos años, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo. Me refiero a políticas como la separación de la financiación de la sanidad y de los servicios sociales, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, la consolidación de carreras más largas y con mejores bases de cotización o 2

3 la mayor eficiencia en la gestión. La segunda reflexión es para resaltar que estas cuentas tan saneadas se han hecho compatibles con el refuerzo del nivel de protección del sistema; un logro que tiene como mejor ilustración la fuerte revalorización de las pensiones mínimas desde el año Por lo demás, estos resultados financieros tan positivos ponen de manifiesto que la viabilidad del sistema de Seguridad Social no está amenazada a corto plazo, ni siquiera ante una coyuntura de grave crisis económica como la actual. Esto es algo que todos los ciudadanos de este país y los pensionistas en particular deben tener claro para su tranquilidad. Ahora bien, la tercera consideración previa es para manifestar que la indiscutible solidez del sistema en la actualidad no puede llevarnos a ignorar la necesidad de impulsar reformas de cara a los próximos años que garanticen la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo. Afrontar el futuro de la Seguridad Social significa, antes que nada, enfrentarse a uno de los grandes desafíos que tiene ante sí la sociedad española en las próximas décadas: el envejecimiento de la población, un gran reto demográfico que cuenta con dos manifestaciones muy concretas. La primera no es otra que el aumento de la esperanza de vida en España, que hoy es la más alta del mundo por detrás de Japón, y en particular el incremento de la esperanza de vida a partir de los 65 años. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 1991 un varón vivía una media de 15,6 años a partir de la edad de jubilación, mientras que una mujer lo hacía 19,2 años. Pues bien, en 2009 estas cifras se habían incrementado en dos años. La previsión es que se mantenga este ritmo de crecimiento en las próximas décadas, de manera que en 2028 los hombres que cumplan 65 años tendrán una esperanza de vida de casi veinte años más, mientras que las mujeres vivirán veinticuatro años más. Como les decía, el envejecimiento de la población española tiene una segunda manifestación destacada. En los últimos veinte años el número de personas mayores que se han jubilado ha crecido de forma moderada como consecuencia de la baja natalidad durante la guerra civil y la posguerra. En cambio, en las próximas décadas se jubilarán las cohortes de edad correspondientes al baby boom del siglo pasado. Ello implica que de aquí a 2050 la población mayor de 64 años duplicará su tamaño, pasando de 7,6 millones a 15,3 millones en En esa fecha ese colectivo representará un 32 por ciento de la población total, de manera que la tasa de dependencia, es decir, el porcentaje de población con más de 65 años sobre el colectivo en edad laboral, pasará en cuarenta años del 24 actual al 60 por ciento. Señorías, las anteriores consideraciones y el documento aprobado por el Gobierno que hoy presento ante esta Comisión ponen de manifiesto la necesidad de planificar reformas graduales con un doble objetivo: de un lado, garantizar la buena salud de nuestro sistema de pensiones dentro de veinte años y, en consecuencia, su sostenibilidad a largo plazo y, de otro, adaptar el sistema de Seguridad Social a las nuevas realidades de la sociedad española, reforzando la cobertura de los colectivos más vulnerables. Para alcanzar estos objetivos el citado documento recoge un conjunto de reflexiones y propuestas para reformar nuestro sistema de Seguridad Social que se someten a la consideración de esta Comisión del Pacto de Toledo, unas propuestas con las que pretendemos abrir un debate y favorecer los trabajos de esta Comisión, que reflejan los principios básicos que presiden esta iniciativa reformadora: sostenibilidad, gradualidad, equidad y consenso. La referencia al principio de sostenibilidad se explica porque las reformas son impulsadas para garantizar plenamente que la buena situación presente de la Seguridad Social se mantenga en el futuro. Son por tanto reformas ambiciosas y de carácter global con visión a medio y largo plazo; reformas que prevén un crecimiento del gasto social asumible por la economía española y que logran así un equilibrio para hacer compatible la mejora de la competitividad y de la cohesión social, garantizando la viabilidad del sistema de pensiones para los próximos decenios. El segundo principio que inspira las reformas planteadas es el de la gradualidad, porque los ciudadanos deben tener claro que las reformas no afectarán a los actuales pensionistas, y solo de forma muy moderada a los trabajadores más veteranos. Con ello se propone establecer amplios periodos transitorios de aplicación que favorezcan la adaptación a los cambios normativos. En tercer lugar, otro principio fundamental es el de la equidad en un doble sentido: por un lado, se apuesta por incrementar la equidad interna del sistema estableciendo una mejor correlación entre cotizaciones y prestaciones y, por otro, por mantener el factor solidario con el consiguiente reforzamiento de la protección de los ciudadanos más vulnerables. Por último, el cuarto principio clave es el del consenso. El Gobierno considera esencial que todos los cambios normativos en esta materia cuenten con un doble consenso: el alcanzado por todas las fuerzas parlamentarias presentes en la Comisión del Pacto de Toledo y el consenso logrado en el ámbito del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales. Para ello es necesario que esta búsqueda del consenso se realice desde la responsabilidad y la transparencia. De este modo contribuiremos a preservar el pacto entre generaciones en el que se basa nuestra Seguridad Social y reforzaremos de forma efectiva la confianza de los ciudadanos en el sistema público de pensiones. Señorías, como les decía, los principios expuestos son las líneas estratégicas en las que se enmarca el más de medio centenar de medidas recogidas en el documento para la revisión del Pacto de Toledo que ha motivado esta comparecencia. Las medidas que el Gobierno somete a la consideración de la Comisión son de muy diversa naturaleza, pero pueden agruparse a efectos de exposición en cinco grandes áreas temáticas: acción protectora, 3

4 financiación, estructura, previsión social complementaria y gestión. No cabe duda de que los aspectos que mayor repercusión tienen en la opinión pública son los relacionados con la acción protectora de la Seguridad Social, es decir con las prestaciones del sistema. Por eso quiero prestar especial atención a estas cuestiones. Buena parte del documento se dedica a la pensión de jubilación y a la posibilidad de introducir cambios en su regulación normativa. Este protagonismo de la jubilación no es casual, no solo porque este tipo de pensión representa el 60 por ciento del total de 8,6 millones de pensiones reconocidas, sino sobre todo porque es la prestación más sensible al envejecimiento de la población. Este gran desafío demográfico explica las dos líneas de actuación principales en esta materia, que persiguen que la evolución de la edad media de jubilación y la esperanza de vida sigan un curso paralelo: por un lado, frenar el recurso a la jubilación anticipada y, por otro, retrasar la edad de jubilación. He señalado en múltiples ocasiones que hay que acabar con la cultura de la prejubilación. Ningún país puede permitirse prescindir de trabajadores valiosos que acumulan experiencia y conocimiento y mantienen plenas facultades. La permanencia en el mercado de trabajo de estos trabajadores en edades próximas a la jubilación es un factor positivo para nuestra economía, para nuestro sistema de pensiones y, en la mayoría de las ocasiones, para los propios afectados. Por eso el Gobierno plantea un conjunto de medidas que persiguen restringir el uso abusivo de fórmulas de prejubilación y jubilación anticipada, así como una mayor participación y compromiso de las empresas en este tipo de situaciones. Las más destacadas son las siguientes: limitar las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios e imponer a las empresas la cofinanciación de los sobrecostes producidos por la exclusión temprana del mercado de trabajo; incrementar más allá de los 52 años la edad mínima de jubilación por aplicación de coeficientes reductores y fomentar la jornada flexible durante los últimos años de la vida laboral. La segunda línea de actuación en esta materia tiene que ver con el desplazamiento de la edad efectiva de jubilación. Para ello es imprescindible, por un lado, profundizar en la línea de trabajo que ha permitido en los últimos tiempos incrementar la edad efectiva de jubilación hasta situarla en 63 años y 10 meses. Se trata por tanto de seguir incentivando la prolongación de la vida activa, pero, como he expuesto anteriormente, la magnitud del desafío que supone el envejecimiento de la población en los próximos veinticinco o treinta años será muy importante. Sería por ello irresponsable no poner sobre la mesa el debate sobre la edad de jubilación, una medida que responde al incremento de la esperanza de vida y al retraso en la incorporación al mercado de trabajo. En todo caso, señorías, quiero dejar bien claro que el Gobierno es muy consciente de que se trata de un asunto particularmente sensible para la ciudadanía y por eso he insistido en que lo que recoge el documento es una propuesta que debe ser analizada con rigor por los miembros de esta Comisión para lograr el mayor consenso posible. Quisiera resaltar algunos aspectos de la propuesta del Gobierno para contribuir a un debate más sosegado. En primer lugar, esta medida se enmarca en un debate que ya se está realizando en otros países de la Unión Europea. Otro aspecto muy relevante sobre la jubilación tiene que ver con la fórmula empleada para el cálculo de la pensión. A este respecto quisiera zanjar definitivamente la polémica suscitada sobre este asunto. El documento no establece ningún aumento del actual periodo de cálculo aunque sí entiende el Gobierno que este tema debe ser objeto de reflexión y debate en la búsqueda de una mayor equidad interna del sistema que refuerce la relación entre el esfuerzo contributivo realizado y la prestación reconocida, y también para evitar que el procedimiento de cálculo de la pensión de jubilación penalice a los trabajadores que son despedidos al final de su vida laboral. Dentro de la acción protectora también es necesario revisar la regulación de las prestaciones por muerte y supervivencia y en particular la pensión de viudedad. Este tipo de pensión es el más sensible a los cambios que se dan en la sociedad por las distintas formas de convivencia y de uniones familiares. Aunque ya en 2007 se introdujeron algunas modificaciones importantes, es evidente que la vigente regulación de la viudedad responde en muchos aspectos a una realidad social que hoy va siendo desplazada; por eso, sin ánimo de entrar en medidas concretas, es necesario abordar cuestiones que a juicio del Gobierno deben ser valoradas en el actual contexto y que deberían dar lugar a una reformulación integral de esta pensión, en una doble dirección. Por un lado cabría plantear una regulación más acorde con las realidades sociales futuras para dar una adecuada respuesta a dos situaciones concretas, la viudedad en edad temprana y la existencia de rentas de trabajo; por otro, cabría optar por soluciones más garantistas en supuestos como el de víctimas de violencia de género o el de las viudas que carecen de otros ingresos y que acceden a la pensión en edades avanzadas. En todo caso es aquí de nuevo muy importante que esta adaptación de la acción protectora a la nueva situación social y laboral de las mujeres y de las familias se aplique de forma gradual para evitar efectos no deseados. Entre las prestaciones por muerte y supervivencia también se sitúa la pensión de orfandad, otra de las reformas pendientes. En concreto parece razonable dar una mayor autonomía a esta pensión respecto de la de viudedad a través de la asignación de una cuantía determinada que no dependa del número de huérfanos ni del valor de la pensión de viudedad. Por último, las propuestas de modificación normativa afectan igualmente a las pensiones de incapacidad permanente. El punto de partida es que la pensión es solo parte de la resolución a los problemas a los que se enfrenta un trabajador con una incapacidad reconocida. 4

5 Señorías, el segundo bloque temático del documento se dedica a las fuentes de financiación de la Seguridad Social, donde hay que resaltar tres grandes cuestiones. La primera se refiere a la culminación de la separación de las fuentes de financiación y en concreto a los complementos a mínimos. Como saben, el Estado ha realizado un importante esfuerzo en los últimos años que ha permitido pasar de una aportación inferior a 98 millones de euros en el año 2001 a más de millones de euros en el año Lo cierto es que todavía queda camino por recorrer. En segundo lugar, diversas medidas propuestas en el documento afectan a las cotizaciones a la Seguridad Social. El punto de partida es claro porque en términos generales se van a mantener los tipos de cotización. Sin embargo, esto no significa que no quepa plantear modificaciones parciales. Así ocurre, por ejemplo, con la cotización por contingencias profesionales, materia en la que se apuesta por continuar el proceso de simplificación de los tipos y reducir la diferencia entre los topes mínimos y máximos. En tercer lugar, otro conjunto de propuestas sobre cotización sirven como vía para extender la acción protectora de la Seguridad Social. Es el caso de determinados colectivos que hoy quedan excluidos, como los becarios de posgrado en instituciones privadas, y es algo que también afecta a los trabajadores autónomos, no solo porque se plantee la necesidad de ajustar su cotización para acercarla a los rendimientos reales de su actividad profesional, sino sobre todo para dar una respuesta adecuada al perjuicio que suelen sufrir las mujeres que colaboran en un negocio familiar en caso de ruptura del vínculo. De forma mucho más breve el tercer bloque se ocupa de la estructura del sistema de Seguridad Social en un triple sentido. Desde un punto de vista interno se reitera el objetivo de culminar la convergencia de regímenes gracias a la integración en el régimen general de los regímenes especiales agrario y de empleadas del hogar. Por lo que se refiere a la relación que se establece entre el sistema de Seguridad Social y las mutualidades públicas, se apuesta por atenuar las diferencias existentes y por extender progresivamente el ámbito de aplicación del primero. En cuanto a las mutualidades profesionales se considera necesario exigirles la garantía de unos mínimos prestacionales de manera que el sistema público no se vea sobrecargado. Muy vinculado al anterior se sitúa el cuarto bloque temático relativo a la previsión social complementaria. Este tipo de iniciativas de carácter privado y voluntario sirve en todos los países de nuestro entorno para complementar las prestaciones de los sistemas de Seguridad Social. Por un lado, las medidas propuestas en el documento tratan de cubrir las lagunas actualmente existentes en el desarrollo de este tipo de instrumentos de protección social. De este modo, se plantea el refuerzo de los incentivos para extender la previsión social complementaria a colectivos excluidos del mercado de trabajo y se insiste en la necesidad de apoyar el desarrollo de este tipo de instrumentos entre las pequeñas y medianas empresas a través de la negociación colectiva. Por otro lado, se considera oportuno utilizar la previsión social complementaria para favorecer la prolongación de la vida laboral y con ello la sostenibilidad del sistema para lo cual se plantea desvincular la jubilación del acceso a la previsión social complementaria a partir de los 65 años. Por último, un quinto bloque temático reúne un conjunto de propuestas relativas a aspectos organizativos y de mejora de la gestión. La apuesta fundamental en este ámbito es la creación de una nueva estructura administrativa única de la Seguridad Social. Aunque la Seguridad Social es una de las piezas más eficientes del entramado administrativo de nuestro país, es conveniente un planteamiento de futuro que sirva para agilizar aún más su funcionamiento. Para ello se propone una estructura organizativa única en la que se refundan todas las actividades de la Seguridad Social como la afiliación, cotización, recaudación, reconocimiento y pago de las prestaciones. Con mayor motivo esta idea de modernización debe igualmente aplicarse a las mutuas de accidentes de trabajo para reforzar su capacidad de aunar flexibilidad y eficiencia al control presupuestario y a la transparencia en la gestión. Por otro lado, parece oportuno mantener la exitosa política del control del gasto en materia de incapacidad temporal en los últimos años. Hay que continuar mejorando la supervisión de los procesos de baja, especialmente de aquellos de corta duración, que representan casi un 60 por ciento del total, como forma de dar una respuesta más adecuada a las necesidades específicas de los trabajadores. Así, cabría implicar más a las empresas a través de un cambio de puesto de trabajo cuando sea posible por el tipo de dolencia. Finalmente, el documento también recoge otro tipo de medidas dirigidas a mejorar la transparencia y la información que reciben los ciudadanos. En este sentido, se plantea especificar la parte de la cotización que se destina, por ejemplo, a financiar las prestaciones de maternidad y paternidad o los gastos de gestión, todo ello como una forma efectiva de rendir cuentas a los ciudadanos y hacerles más conscientes del destino de sus recursos públicos. Señorías, el sistema público de Seguridad Social es una pieza fundamental de nuestro Estado del bienestar y forma parte del patrimonio social de todos los ciudadanos de este país. Como he puesto de manifiesto a lo largo de mi intervención, la actual situación financiera de la Seguridad Social es muy buena, lo que nos permite afrontar los retos del futuro con tranquilidad. Debemos ser conscientes de que los retos están ahí y de que cuanto antes reciban una respuesta, más sencilla será para los ciudadanos la adaptación a los cambios necesarios. Para ello disponemos de un valioso instrumento que es el Pacto de Toledo, reflejo del compromiso de todas las fuerzas políticas en defensa de nuestro sistema público de Seguridad Social. En este contexto debe entenderse la presentación del documento que ha motivado mi 5

6 comparecencia, con la que el Gobierno ha cumplido un mandato parlamentario, poniendo sobre la mesa un conjunto amplio de propuestas y reflexiones para la reforma de la Seguridad Social. A partir de este momento son ustedes, señorías, los que deben impulsar los trabajos que nos permitan alcanzar un gran acuerdo. Estoy convencido de que estarán a la altura de tan alta responsabilidad y cuenten para ello con todo el apoyo del Gobierno. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Tomás Burgos. El señor BURGOS GALLEGO: El 29 de enero de este año el Gobierno hizo pública su propuesta de reforma de pensiones, incluso antes de ser valorada y aprobada formalmente por el Consejo de Ministros, Consejo de Ministros en el que usted ni siquiera estuvo presente y le ha restado relevancia a aquel hecho. El señor Blanco, compañero suyo en el Consejo de Ministros, nos dice que no va a estar usted en otros foros de relevancia pública en estos momentos en materias económicas y de empleo porque está usted centrado de lleno en la reforma laboral y en la reforma del sistema de pensiones. No sabe cómo valoramos desde mi grupo que usted esté tan centrado en estas cuestiones y que su presencia en ellas sea tan absorbente. Quizá por eso sea difícil de entender que usted comparezca en esta Comisión veinticuatro días después de que toda España haya conocido, comentado y en gran medida fijado posición sobre los contenidos de este documento de propuestas para el debate, porque debate ha existido desde el primer momento, pero tal vez no con los términos o con la dimensión que nos hubiera gustado a los miembros de esta Comisión. Probablemente pocas veces una propuesta haya generado tal barullo en la opinión pública como esta a la que estamos asistiendo. Nosotros pensamos que han abierto ustedes este debate de la peor manera posible, desde luego en abierta contradicción con su discurso previo en esta Comisión, en frontal desacuerdo con la inmensa mayoría de los comparecientes, incluidos agentes sociales y colectivos de mayores, en colisión con la realidad de nuestro mercado de trabajo y nuestras prioridades económicas y sociales, y, desgraciadamente, en clara vinculación con un programa de recortes sociales y de gasto, forzado por la situación de crisis y las demandas internacionales. Es verdad que había un mandato de esta Cámara y del Senado, pero el mandato no era para que hicieran ustedes un boquete en la confianza ciudadana en el sistema de pensiones, que crearan alarma y reacción visceral en los españoles, que presentaran las propuestas de forma improvisada, inadecuada, que generaran en la calle, incluso, un clamor, y a pocas horas de movilizaciones en toda la geografía nacional, usted es perfectamente consciente de las consecuencias de abrir este debate de esta forma. Sus propuestas, más allá de un casual informe del Instituto Nacional de Estadística sobre datos de población, publicado el mismo día en que se dio a conocer la reforma, no presenta en el documento ni motivación ni explicación técnica alguna. La justificación para su medida estrella es que la esperanza de vida de la población española ha crecido cuatro años en el período Nos parece que en el debate se obvian otros elementos enormemente significativos, por ejemplo, el crecimiento de nuestro producto interior bruto, de la riqueza nacional de nuestro país; es decir, que no estamos ante un problema meramente demográfico sino ante otra serie de cuestiones. Ha citado que en octubre de 2008 nos presentaron una estrategia nacional de pensiones, que es la vigente en estos momentos, que planteaba consideraciones sobre crecimiento, sobre creación de empleo, evolución del sistema, indicadores de sostenibilidad, escenario demográfico, etcétera, pero esa estrategia, señor ministro, no contenía elemento alguno que implicara preocupación en relación con nuestro sistema de pensiones, ni problemas ni restricciones ni reformas bruscas ni reformas de calado sobre los parámetros del sistema ni preocupación por el futuro ni riesgos de financiación ni nada de nada de todo eso. Lo que cabe preguntarse es cómo es posible cambiar tan drásticamente de perspectiva en tan poco tiempo. De poco nos valen estas estrategias nacionales que sin haber sido revisadas, sin haber sido sustituidas por otras proyecciones, por otros argumentos o por otras consideraciones, son arrumbadas, son rechazadas y son sustituidas por una propuesta de enorme carga social, de enorme problemática social y planteada, como digo, sin justificación técnica alguna. Nosotros pensamos que aquel informe de 2008 ha quedado claramente desvirtuado por los hechos posteriores; sin embargo, usted, señor ministro, ha seguido manteniendo una y otra vez las conclusiones de aquel informe. Es sobre aquellas previsiones sobre las que el ministro de Trabajo en cuanto tiene ocasión afirma que las pensiones están aseguradas hasta 2030 o hasta 2025, según el día; pero el Gobierno no ha presentado una actualización de esas proyecciones que, entre otras cosas, decían que España iba a crecer el 2,7 por ciento en el año 2010 o el 2,9 por ciento en el año El Gobierno no ha presentado una estrategia nueva, no le hemos oído decir que hayan modificado sus previsiones, no ha facilitado nuevas proyecciones y esto significa que si no las ha hecho, mala cosa, señor ministro, pero si las ha hecho y no nos las ha facilitado, será mucho peor. Cabría preguntarse, por tanto, qué estrategia de pensiones tiene nuestro país en estos momentos: la que figuraba en aquel documento, la que ustedes han venido manteniendo hasta el 29 de enero o la que ahora tenemos encima de la mesa. Usted dice que el único documento que tiene valor para el debate en materia de pensiones es este. Nosotros suponemos que no, que también el resto de los documentos que maneja el Gobierno tendrán algún valor, 6

7 especialmente el documento sobre actualización del programa de estabilidad. Con independencia del espectáculo dado por el Gobierno corrigiéndose a sí mismo en cuestión de horas en un documento de esa relevancia, hay que leer lo que dice al final, porque dice varias cosas. Por ejemplo, dice que el escenario demográfico de 2009 y el actual, por tanto, es más favorable incluso que el que teníamos en el año 2006, lo dice en la página 39. Si ustedes decían en 2006 que no era necesario hacer una reforma radical, por qué ahora sí. La actualización de proyecciones de gasto asociado al envejecimiento dice el documento que no afecta al indicador de sostenibilidad. Lo que dice el documento es que el problema es que estamos en un punto de partida radicalmente distinto al coincidir ahora el debate con el deterioro de la situación fiscal asociado a la crisis. Es la crisis, señor ministro, no la demografía, la que les fuerza a plantear esta iniciativa; lo ponen ustedes por escrito en ese documento. El documento también dice que en el supuesto de que los países lograran alcanzar el objetivo a medio plazo, definido en anteriores actualizaciones, mejorarían los indicadores y eso pone de relieve la importancia de sanear la posición fiscal en el medio plazo para hacer frente con garantías al coste de envejecimiento. Es el déficit público, señor ministro, es la deuda pública, es nuestra posición, insostenible desde el punto de vista de las cuentas públicas, lo que representa un problema frente al envejecimiento, no al revés, no es el envejecimiento el que va a suponer un problema para las cuentas públicas; son nuestras cuentas públicas las que nos crean un problema frente al envejecimiento. Ustedes lo ponen en el documento negro sobre blanco. No es ninguna novedad porque la preocupación por el déficit público, por el incremento de la deuda, por el desequilibrio presupuestario no es ajena al Pacto de Toledo, forma parte integral de la recomendaciones del propio Pacto de Toledo y los incumplimientos en materia de estabilidad y de equilibrio presupuestario, de cuentas públicas saneadas, de estabilidad de precios, de crecimiento sólido y sostenible no solo infringen los programas de crecimiento y de estabilidad europeos, sino que constituyen un incumplimiento del propio Pacto de Toledo y constituyen, como el propio Pacto de Toledo dice, la auténtica amenaza para la sostenibilidad futura de nuestro sistema de protección social. En la página 40 del documento de actualización dicen que la reforma de pensiones que ustedes plantean forma parte de la estrategia de salida de la crisis. Lo dice el documento en la página 40, lo estoy leyendo textualmente: La importante transformación del sistema de pensiones español, el reequilibrio de las cuentas públicas, el aumento de la tasa de empleo y el incremento de la productividad forman parte integral de la estrategia de salida de la crisis. Por tanto, señor ministro, por qué lo llaman demografía si quieren decir crisis? Es la crisis, es el corto plazo, es la estrategia de salida la motivación fundamental para este conjunto de propuestas, no es un repentino ataque de responsabilidad con las futuras generaciones. (El señor Barrachina Ros: Muy bien, Tomás!) Señor ministro, entre las propuestas concretas, página 41 del documento que estoy citando, que el Gobierno va a trasladar al Pacto de Toledo y al diálogo social, ustedes citan la elevación progresiva de la edad legal de jubilación. Dicen textualmente que esta es la medida de importancia capital y que si somos capaces de plantear el desarrollo de esta medida conseguiremos que el indicador de sostenibilidad agregado de España se sitúe entre los más favorables de los socios comunitarios. Es decir, que nos plantean ir mucho más allá que la mayoría de los miembros de la Unión Europea a costa de importantes recortes en nuestro sistema de pensiones, probablemente porque queremos dar clases a los demás siendo los más listos del aula. Francamente nosotros no podemos estar de acuerdo con este análisis que, por cierto, usted reproduce en una entrevista en El País este mismo fin de semana, en la que dice que la necesidad de acelerar esta decisión se la han marcado quienes en el plano internacional están mirando con preocupación nuestra Seguridad Social. Díganos usted quiénes en el plano internacional están mirando con preocupación nuestra Seguridad Social y por qué este Gobierno no ha conseguido explicar a esos que miran con preocupación nuestro sistema de Seguridad Social la auténtica realidad del mismo. Entrando en las propuestas que evidentemente van a ser objeto de debate serio en esta Comisión, como no puede ser de otra manera, sí queremos precisar algunas consideraciones. Ustedes se desentienden básicamente de mejorar los ingresos del sistema. Hay aspectos claves para mi grupo parlamentario que no están recogidos sustancialmente en el documento. El Gobierno no se compromete en serio a asumir los complementos a mínimos y se sigue escudando en un acuerdo social que en ningún caso está jerárquicamente por encima de los mandatos del Pacto de Toledo y mucho menos por encima del cumplimiento de la Ley General de Seguridad Social que está en vigor. El Gobierno no contempla que modificaciones de pensiones mínimas superiores al IPC se financian, como tiene que ser, con cargo a la imposición general y no con cotizaciones. Y ustedes tampoco se comprometen a dotar en tiempo y forma los excedentes del Fondo de Reserva. Desde nuestro punto de vista, el Gobierno no está legitimado para pedir sacrificios a los ciudadanos cuando no cumple con sus obligaciones financieras con la Seguridad Social. Usted sabe lo que suponen los complementos a mínimos cada año para las arcas de la Seguridad Social. En el año 2010 serán más de millones de euros los que se extraerán indebidamente de las arcas de la Seguridad Social. Ustedes deben ya al Fondo de Reserva, a día de hoy, más de millones de euros de lo que deberían ser sus dotaciones. En el lado del gasto, sin embargo, la propuesta sí es mucho más concreta, es disminuirlo de forma drástica, primero aumentando la edad de jubilación en dos años y después acompasando otras medidas 7

8 en las que por lo visto el método a elegir da un poco igual, puesto que quien redacta la propuesta no tiene muy claro qué hacer. Ustedes señalan en el documento posible métodos de reducción, casi todos los conocidos alargar períodos de cálculo, ajustar por la esperanza de vida, por el crecimiento del producto interior bruto, introducir cuentas nocionales, pero no proponen ninguno en concreto. Conviene pues que usted aclare hoy aquí, si es posible, la posición del Gobierno, si es que existiese una sola, sobre los siguientes extremos: Proponen ustedes, sí o no, ampliar el periodo de tiempo para el cálculo de la pensión? El texto dice que el Gobierno propone fijar un procedimiento de cómputo de la pensión que no penalice a los trabajadores despedidos al final de la vida laboral y que garantice en términos crecientes la equidad interna del sistema y la correspondencia entre cotización efectuada y prestaciones. Y eso qué es, señor ministro, más que ampliar el periodo de cálculo? El presidente del Gobierno defendió una estricta correspondencia entre aportación y prestación. Hemos oído declaraciones de dos vicepresidentas de su Gobierno y del mío diciendo que ni lo proponen ni lo propondrán, pero el documento sí lo hace. Este es un juego absurdo, señor ministro. Concrételo; concrete si ustedes están dispuestos o no a prolongar el periodo de tiempo para el cálculo de la pensión. Propone el Gobierno, sí o no, ligar la evolución de las pensiones a variables como el producto interior bruto, la riqueza nacional o la esperanza de vida? Porque más allá de ese lenguaje críptico que ustedes utilizan es importante que usted nos traslade si están dispuestos a asumir un planteamiento de estas características. Y si están dispuestos, como lo pone en el documento, deberían concretarlo, no deberían dejarlo en las nubes. Y, en todo caso, explicar a los ciudadanos que esto supone el fin de la revalorización automática de las pensiones. Si ligamos los incrementos a la evolución del PIB, a la evolución de la riqueza nacional, a la evolución del crecimiento o a otras variables demográficas estamos arrumbando definitivamente la revalorización automática que en este país está planteada y aprobada por ley. Conviene, puesto que el documento lo dice, que usted lo concrete si es posible. Usted ha dicho este fin de semana que hay que prohibir las prejubilaciones, que está usted a favor de prohibirlas. Dónde dice en el documento que hay que prohibir las prejubilaciones a empresas con beneficios? Dónde dice en el documento que hay que prohibir estricta, directamente, las prejubilaciones a empresas con beneficios? El documento dice que hay que limitar las prejubilaciones, no prohibirlas; que hay que imponer la cofinanciación de los sobrecostes por exclusión temprana de los trabajadores, no que lo financien las empresas en exclusiva. Convendría que en estos días nos atuviéramos todos a un único discurso porque si el Gobierno pretende mantener el doble lenguaje de decir unas cosas de forma críptica en el documento y después en declaraciones públicas plantean otro tipo de propuestas lo único que van a hacer es incrementar el nivel de confusión que de por sí ya tienen los ciudadanos. Propone el Gobierno, sí o no, invertir el Fondo de Reserva en activos financieros de entidades financieras o empresas para mejorar su gestión? Es partidario o no de incrementar las dotaciones del fondo sin límite alguno, como establece el Pacto de Toledo del año 2003? Nos gustaría que nos concretara esto, porque es un instrumento económico-financiero muy importante y queremos saber cuáles son sus propuestas en relación con esa mejora de gestión del fondo. Hombre, a favor de mejorar el fondo estamos todos. (La señora López i Chamosa: Menos mal!) Faltaría más, no? El problema está en cuáles son los instrumentos que subyacen en su propuesta. Propone el Gobierno en serio que las bonificaciones para la prolongación de la vida laboral de los trabajadores mayores se financien por la Seguridad Social y no por el Servicio de Empleo Estatal, que es lo que dice el documento? Proponen ustedes en serio que en este país haya dos tipos de financiación de bonificaciones dependiendo de la edad de los ciudadanos y que la Seguridad Social asuma las bonificaciones a un colectivo, el de las personas mayores, que es uno de los principales amenazados por la pérdida del empleo? Habría dos políticas de empleo en este país, financiadas una por las políticas activas de empleo del Servicio Público Estatal y otra con cargo a la Seguridad Social única y exclusivamente por razones de edad? Porque eso es lo que dice el documento y queremos que usted lo concrete, pues nos parecería un tremendo retroceso precisamente en la vía de la separación de fuentes. Ustedes dejan la puerta abierta a otras medidas implantadas en países europeos, como las cuentas nocionales. Proponen o no proponen que haya cuentas nocionales en nuestro país? Qué son las cuentas nocionales? Las cuentas nocionales recogen las aportaciones individuales de cada cotizante a lo largo de su vida laboral y, en el momento en que el trabajador cumple la edad legal, recibe una prestación que deriva del propio fondo nocional acumulado y de la mortalidad específica de su generación. Es un sistema que combina el reparto y la capitalización. Están ustedes a favor o no de introducir elementos de capitalización en el sistema de reparto actual? Esto es sobre lo que tenemos que debatir hoy, sobre las propuestas y el grado de concreción que ustedes están dispuestos a imprimir. Proponen o no la modificación del periodo mínimo de cotización establecido para el acceso a una pensión contributiva de Seguridad Social, que está en quince años en este momento? Porque tampoco nos queda claro en el documento si ustedes están o no proponiendo esto. Proponen o no modificar la actual legislación sobre la obligatoriedad de la jubilación en España? Porque este es un tema que tiene mucho que ver con las políticas de prolongación voluntaria de la vida laboral. Estamos dispuestos o no a remover los obstáculos que en este momento por ley obligan, simplemente por cuestiones de edad, a jubilarse a una parte importante de nuestra población? Si es posible, quiero que usted me concrete la posición del Gobierno sobre 8

9 estas materias, puesto que son importantes y no pueden quedar en un planteamiento absolutamente ambiguo, en el que es imposible extraer una conclusión sobre lo que el Gobierno está proponiendo. Y quiero decirle que, francamente, a mi grupo parlamentario no le preocupa tanto el planteamiento que usted hace sobre el futuro de nuestro sistema de pensiones dentro de 35 años como le preocupa de verdad el planteamiento que se hace la sociedad española de qué es lo que estamos fraguando en estos momentos respecto a las pensiones del futuro, qué pensiones está generando buena parte de la sociedad española en nuestro país. Porque el problema de España es que no se está cotizando hoy y el problema social real en el futuro será la inexistencia de derechos de pensión suficientes para mucha gente y no tanto el coste de las pensiones generadas. En todo caso, señor ministro, el problema lo tenemos ya hoy y lo tenemos porque la gente no cotiza, no porque nuestras pensiones no vayan a ser sostenibles en el futuro. Nos gustaría que ustedes nos trasladaran propuestas bien fundamentadas acompañadas por valoraciones económicas y técnicas, que es lo que necesita la sociedad española; necesita saber qué supone realmente en términos económicos aumentar un año la edad legal de jubilación, qué supone en términos económicos aumentar un año el periodo mínimo para el acceso a una pensión contributiva, qué supone en términos económicos que se vinculen las pensiones al PIB y no a la evolución de los precios, qué supone en términos económicos que el Estado asuma todas sus responsabilidades financieras con la Seguridad Social. Eso es lo que deberíamos conocer en esta Comisión acompañando a las propuestas del Gobierno, porque y voy terminando, señor presidente no se puede proponer simplemente cambiar el sistema de pensiones de nuestro país sin haber analizado y explicitado a conciencia las implicaciones de lo que se propone. En España el gasto en pensiones está tres puntos por debajo del gasto promedio de la Unión Europea a 27 y está casi cinco puntos por debajo de países como Francia, Italia, Alemania o Portugal. Qué gasto en pensiones tenemos que identificar? El de un porcentaje sobre un PIB deprimido en estos momentos, fruto de una crisis como la que tenemos? Nuestro gasto en pensiones es hoy mucho mayor que el año pasado, pero no porque hayamos gastado más en pensiones, sino porque nuestro producto interior bruto se ha deprimido. Esa es una de las comparaciones chocantes que se hacen algunas veces desde el punto de vista estadístico. Mi grupo parlamentario va a estudiar todas y cada una de las propuestas. Las vamos a debatir en esta Comisión y nos ayudaría mucho que usted no se tomara su comparecencia a beneficio de inventario y nos concretara qué hay realmente detrás de esos textos en algunos casos esotéricos que ustedes nos plantean. Plantearemos nuestras alternativas y nuestras posiciones donde hay que hacerlo, que es en los trabajos de la Comisión; cuestionaremos lo que no sea justo ni equitativo; exigiremos ya se lo digo compromisos claros en lo fundamental, que es la separación de fuentes de financiación; y lo haremos sin generar ruido innecesario, porque para eso ya se bastan ustedes solos. Lo haremos desde el diálogo constructivo, como siempre lo hemos hecho, y al final si es posible haremos una reforma desde el acuerdo, no desde la improvisación; desde el compromiso, no desde la imposición; y la haremos desde la realidad y desde la necesidad y no desde la manipulación o la presentación alocada de propuestas que tienen muy poco que ver con lo que en el Pacto de Toledo hemos venido discutiendo y con lo que la sociedad española está dispuesta a respaldar. Ahí encontrarán, como siempre, al Grupo Parlamentario Popular. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto van a compartir turno la señora Fernández Davila y doña Rosa Díez González. En primer lugar, la señora Fernández Davila tiene la palabra. La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del ministro, como no podía ser de otra manera, entre otras cosas porque nos permite dar nuestra opinión, hacer nuestra valoración en relación con el documento que nos acaba de presentar. Pero, señor ministro, permítame porque es necesario que así lo haga que en el inicio de mi intervención haga una crítica de la forma en que el Gobierno ha presentado este debate a la sociedad. Nosotros entendemos que, dado que hay una Comisión como esta del Pacto de Toledo, que además se encuentra inmersa en una serie de trabajos para ir profundizando en esas modificaciones que podría ser necesario aplicar al Pacto de Toledo, presentar este documento de la forma que se hizo y, sobre todo, dando determinadas pinceladas, que además crearon una visible desconfianza y preocupación social, no era en absoluto oportuno. Y menos oportuno nos parece que algunas de las cuestiones que inicialmente se plantean, luego se diga que no se plantean. Señor ministro, usted ha dicho hoy, y en otras ocasiones también lo ha dicho usted o el secretario de Estado de la Seguridad Social, que nuestra Seguridad Social goza de buena salud. Si nuestro sistema de la Seguridad Social goza de buena salud y usted mismo nos acaba de trasladar una visión de tranquilidad no podemos entender que el Gobierno esté dando tantos pasos que ponen nerviosos a los ciudadanos y ciudadanas. Y la cuestión no es como incluso algún compareciente de alguna asociación de jubilados expresó en esta misma Comisión recientemente que las medidas del documento que aprobó el Gobierno y que hoy estamos debatiendo no vayan a ser de aplicación a los jubilados actuales, dicho esto como tranquilizador, porque comprenderá usted que no es un mensaje alentador para los que hoy no somos jubilados o jubiladas sino cotizantes. No es un mensaje alentador que hoy tengamos que cumplir con nuestra responsabilidad de cotizantes para garantizar las pensiones de los que en estos momentos 9

10 tienen que cobrar, cuando se nos plantea que el futuro está desde luego en unas condiciones de desventaja en relación con los jubilados actuales, si nos atenemos a lo que se dice en el documento. Por tanto, no podemos entender que, si en este momento la Seguridad Social está en buenas condiciones, tengamos que tener un debate que genere tanto nerviosismo. Dicho hecho, también tenemos que señalar que hemos leído con atención el documento aprobado por el Gobierno y presentado a esta Comisión, que además recoge cuestiones que ya en otras ocasiones y en diferentes documentos presentados por el Gobierno se trataron, temas sobre los que hemos debatido y reflexionado en esta Comisión. No tenemos ningún problema en reflexionar, la reflexión siempre es buena y oportuna en cualquier cuestión, independientemente de que al final no estemos de acuerdo, sino que además en algunas de las reflexiones que el documento plantea pensamos que podremos llegar incluso a algún acuerdo en su momento. Evidentemente eso va a depender de lo que finalmente se concluya porque estamos hablando de cuestiones que se tratan en el documento pero que no tienen concreción y, por tanto, nuestra posición dependería de la conclusión a la que se llegara. Estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones que tienen que ver con el sistema alternativo de cotizaciones; las mutuas públicas y privadas y la consideración de ampliar el sistema general frente a esto; la culminación de la separación de las fuentes de financiación; la asistencia sanitaria en relación con los accidentes de trabajo o la enfermedad profesional y, por supuesto, las pensiones de viudedad u otro tipo de cuestiones. Pero hay algunos aspectos que se tratan en el documento a los que usted acaba de hacer una mención especial o ha tratado de manera más matizada que crearon alarma y, desde luego, tenemos que decir que una de las alarmas fue la nuestra. Nosotros nos alarmamos por algunas de las cuestiones que transcendieron a los medios de comunicación de este documento, que finalmente pudimos conocer y analizar. Me refiero a la edad de jubilación, a los tiempos de carencia y a aspectos relacionados con estas cuestiones, que desde nuestro punto de vista son importantes. Antes de entrar en esto quisiera decir hay un aspecto que se recoge en el documento que nos gustaría que antes de que se llegase a algún acuerdo en el Pacto de Toledo el Gobierno tuviera en consideración y es el relativo a la incapacidad por enfermedad, donde el documento plantea algo que nosotros hemos trasladado al Congreso en distintas ocasiones, en concreto en relación con que las altas y las bajas sean dadas por los profesionales de la sanidad y no, como ocurre en estos momentos después de los cambios hechos por el Gobierno, por la inspección de la Seguridad Social. Independientemente de que exista un control en relación con eso, que creemos que debe existir, las altas las deben dar aquellas personas que atiendan a quienes, por padecer una enfermedad, están dados de baja. Entrando en la cuestión de los tiempos de carencia, es cierto que en el documento del Pacto de Toledo no me refiero al documento que se trasladó a la Unión Europea no se habla de que se vaya a ampliar en un año, en dos o en tres, pero se habla de ello, y una vez que se habla de ello nos empezamos a preocupar, entre otras cosas porque una de las cuestiones que hizo que nuestro grupo político no estuviera plenamente de acuerdo en su momento con el Pacto de Toledo era que ya en los acuerdos de 1995 se amplió el tiempo de carencia. No nos parecería justo y no podríamos compartir que se ampliaran estos tiempos de carencia para la cuantificación de las pensiones. Por otro lado, en cuanto a la edad de jubilación, es verdad que ustedes, después de plantear en el documento la posibilidad de la ampliación a los 67 años, han hecho alguna matización sobre que evidentemente es algo que tiene que resolver la Comisión del Pacto de Toledo y también se habla de la posibilidad de una jubilación posterior a los 65 años de manera voluntaria. Evidentemente, nosotros no nos cerramos a que se debata sobre la posibilidad de que de forma voluntaria los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a una jubilación posterior a los 65 años, por una razón: porque no entendemos que esto esté relacionado con cuestiones demográficas ni con el nivel de correspondencia que haya entre cotizantes y pensionistas, sino que lo relacionamos más con que los trabajadores y trabajadoras tengan una calidad de vida y que esa calidad de vida les permita o incluso haga conveniente que sigan con su actividad profesional. Pero, señor ministro, dicho esto hay algo evidente: no todas las actividades profesionales son iguales en relación con el esfuerzo que tiene que hacer el trabajador o la trabajadora, y cuando hablamos del esfuerzo no solamente estamos pensando en actividades penosas o insalubres sino en otras que, sin estar consideradas de esa manera, requieren un esfuerzo que no únicamente parece imposible de seguir realizando más allá de los 65 años sino que realmente parece más oportuno hacer alguna reflexión en torno a la posibilidad de jubilarse con anterioridad a esa edad. Evidentemente, no es igual la actividad de un trabajador o trabajadora del sector de la banca, por ejemplo, que del sector del automóvil, con unos horarios que no son los mismos pero, sobre todo, que están en cadenas de trabajo y, como decíamos antes, con un esfuerzo en el trabajo que no tiene nada que ver. Por tanto, nosotros no vamos a dar apoyo a ninguna cuestión que signifique ampliación de la edad de jubilación. Sí entendemos que es necesario reflexionar sobre las prejubilaciones. El documento propone al igual que usted estos días restringir las prejubilaciones en empresas que tengan beneficios. Lo que no se puede entender es que empresas que tienen beneficios carguen a las arcas de la Seguridad Social determinados gastos, como prejubilaciones. Al final lo que se está haciendo desde el sector estatal de la Seguridad Social es apoyar a que esas empresas sigan teniendo beneficios. Alguna cuestión en este asunto sí sería necesario hacer pero, desde luego, en el tiempo de carencias y en las edades de jubilación no podemos entenderlo. Si los criterios del Gobierno para estas cues- 10

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